EL PAÍS
Estados Unidos va a gastar 45.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para aumentar su capacidad de encarcelamiento de migrantes. El objetivo de este presupuesto sin precedentes para el engranaje central en la máquinaria de deportación de Donald Trump es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) más que duplique las camas que tiene disponibles para detenidos. Se estima que el 90% de esa población penitenciaria, que actualmente roza los 60.000, está en celdas de centros manejados por un puñado de empresas privadas que monopolizan el boyante negocio carcelario estadounidense. Estas fueron importantes donantes a la campaña presidencial de Trump y tienen lazos estrechos con algunos de los miembros más influyentes de la actual Administración. Ahora, su apuesta por la cruzada antimigrantes de Trump está a punto de darles unos dividendos históricos.
Ya en febrero el CEO de CoreCivic, una de las dos principales empresas del sector, deletreaba sin matices su entusiasmo. “He trabajado en CoreCivic por 32 años, y este es realmente uno de los periodos más emocionante de mi carrera en la compañía”, dijo Damon Hinninger en una llamada con inversionistas. Y agregó una predicción: “Anticipamos oportunidades de crecimiento significativas, tal vez el crecimiento más significativo en la historia de nuestra empresa durante los próximos años”.
Para una empresa que en 2024 reportó ingresos de casi 2.000 millones de dólares —el 30% de ello procedente de contratos con el ICE—, el nuevo presupuesto para aumentar la capacidad de detención, que hace parte de la megaley fiscal aprobada a inicios de este mes, es la cristalización de esa predicción que Hinninger hizo en febrero. Aunque en realidad el camino empieza más atrás. CoreCivic y el otro gigante de las prisiones privadas, GEO Group, donaron millones de dólares a la campaña de Trump y los republicanos; tanto que GEO Group fue el primer contribuyente en alcanzar el máximo permitido a mediados de 2024.
Aunque, como es la costumbre de las grandes empresas en Estados Unidos, también aportaron algo de dinero a la campaña demócrata, GeoGroup y CoreCivic en la práctica pusieron sus huevos casi exclusivamente en la canasta republicana. De acuerdo al grupo independiente OpenSecrets, que se dedica a rastrear informes oficiales, de los 3,7 millones de dólares que contribuyó GeoGroup, el 92% fue para los republicanos; CoreCivic, por su parte, donó $785.000 dólares, de los cuales el 96% fue a las arcas del partido de Trump. Además, cuando se oficializó la victoria de Trump, ambas empresas dieron 500.000 dólares a su comité inaugural.
Pero incluso antes, en medio de la presidencia de Joe Biden, GEO Group plantó semillas que ahora está cosechando, acercándose a personas que hoy tienen cargos fundamentales en la Administración de Trump. Tom Homan, el actual zar de la frontera, encargado principal de la misión especial de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia” que se prometió tanto en la campaña, fue consultor para la empresa, según demuestra un contrato que solo se hizo público este año. Asimismo, Pam Bondi, la actual fiscal general del país, fue lobbyista de la empresa en 2019, un poco después de que se uniera a la defensa de Trump en su primer impeachment.
Si bien este tipo de puertas giratorias no son una anomalía en el sistema político estadounidense, los expertos advierten que no suelen ser tan abiertamente cercanas. Ante estos señalamientos, la Casa Blanca ha rechazado vehementemente que suponga un conflicto de intereses o que la dirección de las políticas de la Administración esté comprometida por intereses privados. Aseguran que simplemente están cumpliendo con el mandato recibido por sus votantes.
Por su parte, desde que tiene su puesto actual, Homan ha dicho que él no estará involucrado en decisiones sobre contratos específicos, mientras que Bondi ha prometido consultar a sus funcionarios de ética si surge algún conflicto de intereses. Además, el Departamento de Justicia, el cual ella lidera, ha asegurado que la fiscal general no ha tenido ningún papel en la asignación de financiación para la detención de migrantes.
En cualquier caso, dado que el número de contratistas especializados en el sistema penitenciario es muy pequeño, y dentro de ellos GEO Group y CoreCivic son las dos empresas más grandes por bastante diferencia, es de esperar que estas se lleven un porcentaje importante de los nuevos contratos del ICE para centros de detención. La Administración quiere sacar la financiación cuanto antes para que la construcción de nuevos centros —como el ya infame Alligator Alcatraz— o adecuación de otros más viejos —como Delaney Hall en Nueva Jersey— comience también en el menor plazo posible. La esperanza expresa de la Administración es que haya más de 100.000 camas para migrantes encarcelados, aunque en privado las empresas han dicho que creen que la demanda puede aumentar hasta 200.000.
Si bien el ICE explotará todas las opciones que tiene para llegar a esos números, como se ha visto en el caso de Florida, que construyó independientemente su centro de detención rodeado por caimanes en los Everglades para luego recibir reembolsos y contratos federales, el tamaño del presupuesto es tal que las ganancias históricas están prácticamente aseguradas. Y la inversión hecha por GEO Group y CoreCivic para que Trump fuese elegido, más que justificada